Durante las últimas dos décadas, cerca del 50 % del territorio del departamento del Cauca ha sido concesionado para actividades mineras y energéticas a empresas multinacionales. Este fenómeno ha transformado drásticamente el uso del suelo, afectando a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, cuya economía se basa históricamente en la agricultura y la ganadería de subsistencia.

La expansión del modelo extractivo no solo ha generado impactos ambientales y sociales, sino que ha sido acompañada por una alarmante escalada de violencia contra líderes sociales y ambientales que han denunciado sus consecuencias. Diversas organizaciones y colectivos han alertado sobre patrones de amenazas, persecuciones y asesinatos dirigidos a quienes defienden los territorios y los derechos colectivos.

Desde el CHRC, nos unimos a las voces que exigen un modelo de desarrollo que respete la vida, el medio ambiente y el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La protección de los líderes sociales es una condición indispensable para la justicia y la paz.